Una empresa extranjera encarga a detectives privados investigaciones a políticos entre los que se encuentran Pablo Iglesias, Maillo y otros 18 líderes.
Investigaciones a políticos sobre el currículum vitae y el expediente académico de los diferentes líderes políticos se ha convertido en una práctica muy frecuente en las filas de los distintos partidos políticos. Tanto que una conocida empresa de investigación británica se ha reunido en los últimos días con varias agencias de detectives españolas con un objetivo claro: investigar tanto el expediente académico como el trabajo dentro de las universidades de veinte líderes y responsables políticos españoles.
El servicio de investigaciones a políticos llega tras varios escándalos relacionados con títulos universitarios: como el de la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el del diputado nacional y vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Pablo Casado. Las investigaciones a políticos y la filtración de los datos sobre los estudios de ambos generó una avalancha de cambios y matices en los currículums vitae de varios responsables públicos de todos los partidos.
Hoy en día una conocida empresa de investigación británica es la encargada de rastrear tanto los expedientes académicos, como los procedimientos administrativos con los que consiguieron su plaza docente candidatos de los principales partidos de la política española. Según fuentes conocedoras de las investigaciones a políticos, el trabajo se centra sobre todo en investigar la relación de los principales líderes de Podemos con distintas universidades españolas, con su líder Pablo Iglesias a la cabeza y la obtención de títulos académicos por parte de varios nombres de relevancia en el PP nacional como el actual coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo.
Identidad confidencial.
Las investigaciones a políticos suelen estar encargadas en un primer momento por bufetes de abogados. Profesionales que en un momento dado pueden alegar secreto profesional para no revelar en Reino Unido la identidad del cliente que les ha solicitado el servicio, siempre que esté dentro de la legalidad. Eso provoca que, pese a que la investigación se realice en suelo español, la identidad real del cliente quede bajo el amparo de la legislación británica.